Cada día son más la voces que piden que se redacte en España con urgencia una nueva Ley de Transparencia sobre las actividades de los partidos políticos. Algunas voces piden que se añadan a esta ley las actividades de los sindicatos, asociaciones de empresarios y toda organización que reciba fondos públicos. Otras piden, que además, se incluya a la Casa Real. Esta misma semana, por ejemplo, hemos sabido que el Tribunal de Cuentas pretende fiscalizar también las cuentas de los familiares cercanos a los dirigentes de los partidos políticos.
A mí todo esto me suena a la misma absurda pretensión de enseñar la declaración de la renta para demostrar que no se mantiene una caja B. Dado que el problema en estas instituciones se trataría principalmente del pago de comisiones y regalos por parte de empresas privadas con el fin de recibir trato de favor, difícilmente aparecerían estos movimientos en ninguna auditoría o inspección. Todo podría parecer tan limpio como se quisiese.
Que no digo que no haya que vigilar y hacer públicas las cuentas de estos organismos. De hecho creo que es fundamental. Lo que trato de decir es que limitar la Ley de Transparencia a estas cuestiones la deja coja e inútil. Si nos referimos al caso Bárcenas, no habría ley que no hubiese sido fácilmente sobrepasada para esquivar la vigilancia. Respecto a otras instituciones que reciben fondos públicos ya sabemos que en mayor o menor medida deben también justificar el gasto de estos fondos.
Desde mi punto de vista una Ley de Transparencia para ser completa debe abordar las dos partes del problema: la fiscalización de las cuentas de las instituciones y personas que manejan el dinero público para detectar la corrupción y el modo en que las partidas de gasto se asignan y los proyectos se adjudican para detectar los tratos de favor y el mal uso del dinero público. Tampoco basta que se auditen desde otros organismos de la Administración sin ser esta información accesible al ciudadano.
Sólo una Ley de Transparencia que garantice la libertad de acceso a la información puede garantizar un correcto funcionamiento de la Administración Pública. Se deben hacer, por tanto, visibles al ciudadano todos los aspectos del funcionamiento de la misma. Sería inútil una Ley de Transparencia que dejase opacas parcelas importantes de la gestión pública. Así como sería inútil si no fuerza los métodos para que el ciudadano pueda acceder con garantías a toda la información generada e implicada en dicha gestión.
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Sólo desde el acceso público al conocimiento de cada movimiento de la Administración de cada gasto, de cada nombramiento, de cada contratación y de cada informe; sólo cuando cualquier ciudadano tenga pleno derecho a preguntar y a que se le conteste sobre cada uno de estos aspectos y sobre su justificación e implicaciones; sólo entonces se podrá hablar de verdadera transparencia en la gestión pública.
Los siguientes pasos serían trabajar por una concepción de Gobierno Colaborativo y Participativo, en camino a una verdadera democracia, a un Gobierno Abierto, a un verdadero gobierno del pueblo.
