miércoles, 20 de marzo de 2013

Conversación con el @ppandaluz sobre la subasta de medicamentos en Andalucía


Hace unos días leí el siguiente twit de la cuenta del Partido Popular de Andalucía (@ppandaluz) referente a la subasta de medicamentos en Andalucía:

 

Sigo esta cuenta por verdadero interés informativo. No se puede criticar al “contrario” sin conocer de primera mano sus opiniones y criterios y no se puede discutir con él sin conocer sus argumentos. Así que, por ese mismo interés en conocer sus argumentos, les pregunté en qué modo afecta, según ellos, la subasta de medicamentos a las prestaciones al ciudadano:


Al día siguiente aún no había recibido respuesta y les metí un poco el dedo en el ojo a ver si así se picaban y contestaban:


La respuesta que recibí, lejos de responder a mis inquietudes y a mí pregunta, se salía por la tangente y además no proporcionaba argumento alguno. Si, según yo creo, la subasta es buena porque reduce los costes de la sanidad ¿cómo me pueden argumentar que es mala porque no se aplica en toda España? Aplíquese entonces ¿no? Les insisto en que quiero saber cómo afecta a las prestaciones:



Me sueltan una obviedad respecto al coste y ahora se acercan a una respuesta a mi pregunta pero aluden a una supuesta diferencia entre productos mientras yo sigo viendo solamente una diferencia de costes. Insisto de nuevo, por preguntar que no quede.


Ahora me salen con que aun con los mismos principios activos los medicamentos son distintos y veo que de ahí deducen que se vulnera el derecho de igualdad asistencial.


¡¡Cómo soy tan obtuso de no darme cuenta de que si a mí me dan un “Dolostop” y a un castellano-manchego un “Efferalgan” se vulnera el derecho de igualdad de prestaciones mientras que si la señora Dolores de Cospedal cierra urgencias en pueblos pequeños no!!

Seguimos, a ver si me sacan de mi ignorancia porque para mí, además, que estábamos hablando de que la compra se hacía por subasta no de qué se compraba:


Viene a decirme que sobre las motivaciones de un conflicto que han creado ellos con su recurso al TC va responderme el propio TC con su fallo. Con esta respuesta ya empiezan a cansarme e incluso a ofenderme pero no me voy a rendir tan fácilmente.


Ya el pasado lunes les he vuelto a pedir una respuesta y asumo que no la voy a recibir. Afortunadamente no ha sido así a las 21:34 me sorprenden con esta respuesta:


El resumen del enlace que proporcionan es este:
¿Por qué afecta negativamente al derecho de los andaluces a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad con el resto de los españoles? 
Porque la subasta va contra el criterio de disponer de varias alternativas de un mismo medicamento, para que el médico elija; establece un monopolio marcado por la Consejería de Salud de un único fármaco en Andalucía y la dependencia de una oferta única incrementa los riesgos de desabastecimiento.
Como conclusión de esta conversación saco que la cuenta de twitter del PP de Andalucía no es un medio de comunicación sino de propaganda (realmente esto ya lo sabía pero ahora me queda demostrado). El “community manager” del PP de Andalucía es un mono de repetición con nula capacidad dialéctica.

Cuando ciertos partidos parten de la base de que no les interesa la participación ciudadana que no les interesa que el ciudadano esté informado y saque sus propias conclusiones de las decisiones y acciones de sus gobernantes es cuando ocurren este tipo de cosas. Si hubiesen tenido la más mínima intención de informar la última respuesta que he recibido habría sido la primera y el hilo de la conversación habría podido ser sobre los argumentos presentados y no ese absurdo que hemos presenciado.

En el mundo en que vivimos hoy en que la comunicación directa y la accesibilidad de la información son herramientas del día a día y especialmente en la situación de crisis actual, es posible y necesario que la presencia en las redes sociales de los partidos políticos sea informativa y no propagandística. Es necesario que se involucre al ciudadano y que así lo exijamos los que desde fuera de los partidos queremos saber y participar de cómo se gestiona la sociedad en la que vivimos.

Respecto al fondo del asunto creo que el objetivo de recurrir al TC la subasta de medicamentos es sólo un recurso para poner piedras en el camino al gobierno de PSOE e IU en Andalucía lo que hacen sin ninguna consideración por lo que es mejor para los andaluces. Además, muy posiblemente, esté el PP también condicionado por intereses económicos con la industria farmacéutica. ¿Habrá sobres de por medio?

Este tipo de oposición, prescindir de un ahorro de costes importante en sanidad con tal de desgastar al adversario, es de tal bajeza que la derecha andaluza y nacional muestra mejor que nunca su verdadero rostro.

Si, según ellos dicen, el Gobierno de la Junta de Andalucía está supeditado al clientelismo y a las redes de influencia que se vienen tejiendo desde hace muchos años, la oposición del PP nos demuestra que su único anhelo es sustituir esas supuestas redes por las suyas propias. Solo quieren chupar ellos un rato de las tetas de las que suponen que lo han estado haciendo antes otros.

España necesita una regeneración democrática y es urgente empezar por Andalucía y sus partidos políticos regionales. Nos hace falta aire fresco que renueve las estructuras de los que ostentan el poder y de los que actualmente aspiran a él.

martes, 12 de marzo de 2013

La Transparencia como camino a un Gobierno Abierto


Cada día son más la voces que piden que se redacte en España con urgencia una nueva Ley de Transparencia sobre las actividades de los partidos políticos. Algunas voces piden que se añadan a esta ley las actividades de los sindicatos, asociaciones de empresarios y toda organización que reciba fondos públicos. Otras piden, que además, se incluya a la Casa Real. Esta misma semana, por ejemplo, hemos sabido que el Tribunal de Cuentas pretende fiscalizar también las cuentas de los familiares cercanos a los dirigentes de los partidos políticos.

A mí todo esto me suena a la misma absurda pretensión de enseñar la declaración de la renta para demostrar que no se mantiene una caja B. Dado que el problema en estas instituciones se trataría principalmente del pago de comisiones y regalos por parte de empresas privadas con el fin de recibir trato de favor, difícilmente aparecerían estos movimientos en ninguna auditoría o inspección. Todo podría parecer tan limpio como se quisiese.

Que no digo que no haya que vigilar y hacer públicas las cuentas de estos organismos. De hecho creo que es fundamental. Lo que trato de decir es que limitar la Ley de Transparencia a estas cuestiones la deja coja e inútil. Si nos referimos al caso Bárcenas, no habría ley que no hubiese sido fácilmente sobrepasada para esquivar la vigilancia. Respecto a otras instituciones que reciben fondos públicos ya sabemos que en mayor o menor medida deben también justificar el gasto de estos fondos.

Desde mi punto de vista una Ley de Transparencia para ser completa debe abordar las dos partes del problema: la fiscalización de las cuentas de las instituciones y personas que manejan el dinero público para detectar la corrupción y el modo en que las partidas de gasto se asignan y los proyectos se adjudican para detectar los tratos de favor y el mal uso del dinero público. Tampoco basta que se auditen desde otros organismos de la Administración sin ser esta información accesible al ciudadano.

Sólo una Ley de Transparencia que garantice la libertad de acceso a la información puede garantizar un correcto funcionamiento de la Administración Pública. Se deben hacer, por tanto, visibles al ciudadano todos los aspectos del funcionamiento de la misma. Sería inútil una Ley de Transparencia que dejase opacas parcelas importantes de la gestión pública. Así como sería inútil si no fuerza los métodos para que el ciudadano pueda acceder con garantías a toda la información generada e implicada en dicha gestión.

Imagen de opensourceway


Sólo desde el acceso público al conocimiento de cada movimiento de la Administración de cada gasto, de cada nombramiento, de cada contratación y de cada informe; sólo cuando cualquier ciudadano tenga pleno derecho a preguntar y a que se le conteste sobre cada uno de estos aspectos y sobre su justificación e implicaciones; sólo entonces se podrá hablar de verdadera transparencia en la gestión pública.

Los siguientes pasos serían trabajar por una concepción de Gobierno Colaborativo y Participativo, en camino a una verdadera democracia, a un Gobierno Abierto, a un verdadero gobierno del pueblo.